Cadena de custodia en una defensa penal

Una bolsa sin sello, un registro incompleto o una evidencia que cambia de manos sin constancia puede alterar el rumbo de una causa penal. La expresión cadena custodia suele utilizarse para referirse a un aspecto decisivo del proceso: la posibilidad de demostrar, con precisión, que la evidencia presentada ante un tribunal es la misma que fue incautada, levantada o recogida durante la investigación.

En causas por drogas, delitos sexuales, homicidios, delitos violentos o delitos económicos, la prueba material puede sostener una imputación de enorme gravedad. Por eso, una defensa penal seria no debe limitarse a discutir el relato de la Fiscalía. Debe revisar cómo se obtuvo, embaló, trasladó, almacenó, analizó y exhibió cada elemento probatorio. La libertad no puede depender de una evidencia cuyo origen, integridad o trazabilidad no resiste un examen técnico.

Qué es la cadena de custodia

La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos y registros que permite seguir el recorrido de una evidencia desde su hallazgo hasta su incorporación al juicio. Su propósito es evitar sustituciones, contaminaciones, pérdidas, manipulaciones o errores de identificación.

No se trata de una formalidad administrativa. Es una garantía vinculada al debido proceso, al derecho a defensa y a la exigencia de que la prueba sea fiable. Si la persecución penal pretende atribuir una droga a una persona, vincular una prenda a un hecho violento o presentar una muestra biológica como elemento incriminatorio, debe poder explicar de dónde provino esa evidencia y qué ocurrió con ella en cada etapa.

Habitualmente, la trazabilidad debe mostrar quién encontró el objeto, en qué lugar y condiciones lo hizo, cómo fue fijado o descrito, de qué manera se embaló, quién lo recibió posteriormente, dónde permaneció almacenado y qué peritos intervinieron en su análisis. Cada transferencia debiera quedar respaldada mediante actas, formularios, registros de ingreso, sellos, fotografías, códigos identificatorios y declaraciones de los funcionarios involucrados.

La necesidad de control aumenta cuando se trata de evidencia sensible. Una muestra de ADN, un teléfono celular, una sustancia incautada o un arma requieren protocolos distintos, pero comparten una misma exigencia: que su identidad e integridad puedan verificarse sin espacios relevantes de duda.

Por qué una falla no siempre anula la prueba

Existe una idea extendida, pero incorrecta, de que cualquier error en la cadena de custodia deja automáticamente sin efecto una evidencia. En la práctica, no funciona así. Un error menor de registro no necesariamente provocará la exclusión de una prueba si la Fiscalía logra acreditar, por otros medios consistentes, que el objeto corresponde efectivamente al que fue incautado.

Pero tampoco corresponde minimizar las fallas. Un problema de cadena de custodia puede afectar la autenticidad, integridad, credibilidad o valor probatorio del elemento presentado. Todo depende de la naturaleza del defecto, de la evidencia involucrada, del momento en que ocurrió y de la capacidad de la Fiscalía para explicarlo de manera verificable.

No es lo mismo una omisión de hora en un formulario que un objeto sin rotulación clara, una droga cuyo peso varía sin explicación, una muestra biológica almacenada en condiciones inadecuadas o un dispositivo digital revisado sin preservar adecuadamente sus datos. Cuando la irregularidad abre una duda razonable sobre contaminación, alteración o sustitución, la defensa debe llevar esa discusión al centro de la litigación.

La verdad procesal no se construye con presunciones cómodas. Se construye con prueba legalmente obtenida, técnicamente controlable y sometida a contradicción ante el tribunal.

Dónde suelen aparecer los problemas

Las deficiencias pueden producirse desde el primer contacto policial con la evidencia. Un sitio del suceso mal resguardado, una incautación sin descripción suficiente o una fotografía que no coincide con el objeto posteriormente periciado puede comprometer la trazabilidad desde el inicio.

También pueden existir errores durante el embalaje. Los sellos dañados, envases inadecuados, rotulaciones incompletas, ausencia de códigos identificatorios o mezcla de elementos provenientes de distintos lugares son situaciones que requieren análisis. En delitos sexuales, por ejemplo, el manejo de prendas, hisopados y muestras biológicas exige especial cuidado, porque una contaminación puede afectar de forma profunda la interpretación pericial.

En causas por Ley 20.000, la defensa debe revisar con atención la incautación, el pesaje, el embalaje, el traslado y el análisis de la sustancia. La diferencia entre el peso inicial, el peso recibido por el organismo técnico y el peso consignado en informes posteriores no es un detalle si no existe una explicación clara y documentada.

La evidencia digital también exige un estándar técnico alto. Un teléfono, computador o disco duro puede contener información relevante, pero su extracción debe permitir verificar qué dispositivo fue incautado, quién tuvo acceso a él, qué método se utilizó para copiar los datos y si se preservó la integridad de los archivos. Una revisión improvisada puede modificar metadatos, alterar contenidos o impedir una auditoría posterior del procedimiento.

La cadena de custodia en el juicio oral

El juicio oral es el momento en que la evidencia debe resistir preguntas concretas. La defensa puede confrontar a policías, peritos y demás intervinientes sobre cada eslabón de la cadena. ¿Quién levantó la evidencia? ¿Qué sello tenía? ¿Quién la trasladó? ¿Dónde fue almacenada? ¿Por qué el registro presenta enmendaduras? ¿Cómo se explica una diferencia de peso, fecha o identificación?

Estas preguntas no buscan crear confusión artificial. Buscan determinar si la prueba acusatoria es confiable. Cuando la Fiscalía solicita una condena que puede implicar privación de libertad, debe soportar un estándar de escrutinio estricto. El poder punitivo del Estado no puede ejercerse sobre la base de vacíos documentales, conclusiones apresuradas o peritajes que no permiten reconstruir su objeto de análisis.

Una litigación estratégica puede cuestionar la admisibilidad de determinada evidencia cuando se vulneraron garantías fundamentales. En otros casos, la discusión estará en el valor que el tribunal debe asignarle al momento de valorar la prueba. La estrategia correcta depende de los antecedentes concretos y del estado procesal de la causa. Presentar una objeción sin respaldo técnico puede ser tan perjudicial como dejar pasar una irregularidad relevante.

Cómo se construye una defensa técnica

La revisión de una cadena de custodia exige trabajo metódico. Primero, se debe identificar toda la evidencia material y documental que la Fiscalía pretende utilizar. Luego corresponde comparar partes policiales, actas de incautación, fotografías, registros de bodega, informes periciales, declaraciones de funcionarios y antecedentes de laboratorio.

El objetivo es detectar inconsistencias que tengan relevancia jurídica y científica. Una defensa bien preparada no se conforma con afirmar que hubo un error. Debe demostrar cuál fue la falla, en qué etapa ocurrió, qué consecuencia pudo generar y por qué la explicación de la acusación resulta insuficiente.

Aquí el apoyo de especialistas puede ser determinante. La criminalística, la medicina legal, la química forense, la informática y la psicología forense permiten examinar procedimientos que no se resuelven solo leyendo una carpeta investigativa. El abogado penalista debe traducir esa información técnica a una teoría del caso comprensible, rigurosa y útil ante el tribunal.

Marcelo Meriño Aravena ha sostenido una práctica de defensa fundada precisamente en esa revisión crítica de la evidencia: el expediente debe ser leído jurídicamente, pero también examinado desde la ciencia y la metodología investigativa. En causas complejas, una diferencia que parece menor puede revelar una debilidad estructural de la imputación.

Qué hacer si la evidencia parece irregular

Si usted o un familiar enfrenta una investigación penal, no conviene asumir que la prueba policial es incuestionable. Tampoco es recomendable intentar explicar los hechos, entregar dispositivos o prestar declaraciones sin comprender el alcance de la investigación y sin asesoría jurídica adecuada.

La prioridad es obtener defensa temprana y confidencial. Un abogado puede revisar los antecedentes disponibles, evaluar las medidas intrusivas realizadas, solicitar acceso a los registros pertinentes y definir si existen diligencias, peritajes o acciones procesales necesarias para proteger sus derechos.

La cadena de custodia no es una excusa ni un tecnicismo para evadir responsabilidades. Es una barrera frente al error y una exigencia básica de justicia. Cuando una prueba puede afectar su libertad, su reputación y su familia, cada eslabón debe poder explicarse. Antes de aceptar una versión acusatoria como definitiva, exija que la evidencia sea examinada con el rigor que su caso merece.